La PAZ exige que se aclare la verdad sobre la masacre en Tumaco

(Tumaco, Nariño). La precandidata presidencial Piedad Córdoba se desplazó ayer al municipio de Tumaco en el departamento de Nariño para exigir, junto a un grupo de campesinos de la región, que la Fiscalía y la Procuraduría entreguen una investigación completa y eficaz, en el menor tiempo posible, de la masacre de nueve campesinos que desarrollaban una protesta pacífica para manifestar su rechazo a la erradicación manual de cultivos de uso ilícito.

Piedad Córdoba en Tumaco durante una visita extraordinaria. La precandidata presidencial recorre el país para recoger las firmas de ciudadanos que apoyan su candidatura.

Piedad Córdoba, además, rechazó el ataque que sufrió una delegación de de miembros de la ONU y periodistas que investigaban los crímenes. La Policía Nacional habría disparado en contra de estas personas. También dijo que el CTI de la Fiscalía debe entregar un informe contundente sobre esta investigación, pues los pobladores de la región dicen que las víctimas mortales serían más de las reportadas oficialmente.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, miembros de la Fuerza Pública, entre policías y militares antinarcóticos, dispararon contra los campesinos que expresaban su rechazo a la políticia del antidrogas del gobierno nacional argumentando no está ofreciendo una alternativa sostenible y distinta a la de sembrar coca en la región en donde se registran 23.200 hectáreas pendientes de erradicar.

Para la líder del movimiento Poder Ciudadano la crisis en Tumaco se desprende del incumplimiento del punto 4 firmado por el gobierno nacional, quien se comprometió a entregar recursos para que los campesinos cocaleros cambien de actividad.

“El gobierno debe contarle a la opinión pública cuáles son los recursos que se les han dado a las personas, cuál es realmente la propuesta con precios sustentables para la producción agropecuaria y agrícola para la comunidad en Nariño”, indagó la dirigente política.

La aspirante a la Presidencia también expresó su preocupación porque mientras las políticas están dirigidas a atacar a los campesinos que pueden cultivar alimentos, en el país se están importando los productos que deberían producir estas familias que hoy están siendo víctimas de violencia.

“En Nariño la producción de trigo y la producción de maíz se vino al suelo, precisamente, por la importación indiscriminada de estos mismos productos. Casi cuatro millones y medio de maíz importado el año pasado de trigo, 600 mil tolenadas de arroz, entonces están favoreciendo a unos negocios en detrimento de la gente que no puede producir comida”, puntualizó Piedad Córdoba en Tumaco.

El pasado 5 de octubre, nueve personas –entre ellas indígenas Awá– fueron asesinadas mientras expresaban su rechazo a los incumplimientos del del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS. La versión oficial señaló a las comunidades de ser “disidentes de las FARC”, mientras que los campesinos expresaron enfáticamente que están siendo víctimas de una estigmatización que pretende justificar el crimen de sus compañeros. Hoy la opinión pública comienza a conocer que se trata de campesinos indefensos que piden atención efectiva del gobierno.

Piedad Córdoba considera que “si la gente no tiene cómo producir comida, si no tiene cómo tener un sustento que le permita la vivienda, la educación de sus hijos, vivir como un ser humano es muy difícil”. En otras palabras, Córdoba argumentó que en Tumaco la gente cultiva lo que le da el sustento. “Entonces, me parece que las autorizades actuaron de una forma desmedida y violenta”, afirmó.

La ex senadora recordó que el caso de Tumaco no es el único que implicaría a la fuerza pública en violación de derechos humanos de campesinos. “En Puerto Rico, Meta, hace poco ocurrió también un enfrentamiento muy fuerte del ESMAD contra los campesinos, inclusive, con palos se enfrentaron y hubo pues una situación muy conflictiva”.

De otra parte, rechazó la estigmatización de la que viene siendo objeto las comunidades en Tumaco porque “tiene un efecto tremendamente negativo porque, primero que todo, se pierde la confianza, pierde la credibilidad” y pone en riesgo a más personas.

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